Una de las primeras acciones de Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de la República fue lanzar una declaración de guerra contra los grupos del crimen organizado. La reacción de los cárteles ante la guerra declarada por el gobierno federal ha sido violenta y sin cuartel.
El presidente Felipe Calderón ha reiterado que la escalada de violencia que vive el país se debe a una recomposición de los carteles de la droga tras los golpes que se han dado a sus estructuras.
Poco más de tres años después de esta declaratoria de guerra, el saldo es de más de 22 mil personas muertas entre civiles, policías, militares y miembros de la delincuencia organizada.
Más de 45 mil miembros del ejército y de la policía federal han sido desplegados en todo el país y la violencia se ha recrudecido en los estados de Chihuahua Sinaloa y Guerrero, convirtiéndolas en las entidades más peligrosas del país.
Aunque estos grupos se encuentran en franca disputa por el control de plazas en esos estados, no dejan de luchar para lograr el control del territorio mexiquense.
Se ha documentado que los principales cárteles que se disputan el control del Estado de México son los Zetas, la Familia Michoacana, la Línea y Los Beltrán Leyva. Estos últimos han extendido su zona de influencia en la entidad mexiquense y libran una lucha permanente contra células de La Familia Michoacana y el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán.
El sur del estado foco rojo
Levantones, ejecuciones, venta de protección, secuestros y enfrentamientos armados son eventos cotidianos en municipios del sur del estado. La guerra de grupos delictivos de alto impacto ha afectado principalmente a los municipios de Luvianos, Tejupilco, Tonatico, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal y Tlatlaya.
El sur del Estado de México se ha convertido en guarida y centro de operaciones del crimen organizado y de narcotraficantes.
El mismo Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, ha declarado que por sus características, el Estado de México se convierte en un corredor natural para el traslado y distribución de estupefacientes.
Ante esta problemática que presenta la entidad mexiquense, se encuentran concentrados 500 elementos del Ejército Mexicano en esta zona, además recientemente se inauguraron las instalaciones del 102 Batallón de Infantería de la zona militar de Tejupilco.
Aunque el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, había manifestado que la violencia no se ha desbordado en el estado, tres días después admite que el estado es asentamiento de grupos delictivos.
Seguramente el cambio de discurso de Peña Nieto en cuanto a la presencia y operación de narcos en la entidad mexiquense, se debió a la inminencia de la inauguración y a la necesidad de legitimar este nuevo campo militar.
Rubén Pérez Ramírez, General de Brigada Diplomado del Estado Mayor y comandante de la 22ª. Zona Militar aseguró que los índices delictivos han disminuido gracias a los operativos de vigilancia que los militares han venido realizando en los puntos más conflictivos.
Admitió que es difícil realizar una estimación exacta o en términos porcentuales de cómo, cuanto y de qué manera ha disminuido la violencia, de igual forma mencionó que los operativos continuaran permanentemente ya que no es posible proyectar una fecha para lograr una disminución de la ola de violencia.
Tal parece que el ejército salió de los cuarteles y llegó para quedarse.
El gobernador confirma asentamiento de narcos en el estado. Carlos Iriarte menciona que esas afirmaciones son meras especulaciones.
El 8 de mayo el gobernador rechazo que el crimen organizado estuviera desbordado en el Estado de México, dijo que era una situación que afectaba a todo el país, no sólo a la entidad mexiquense.
En este mismo sentido afirmó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública había dado a conocer estadísticas que señalaban todo lo contrario. Esos datos, a decir de Enrique Peña, ilustraban que en comparación con los últimos 10 años los índices de criminalidad habían bajado.
En seguida rectificó y mencionó que en los últimos meses si había existido un incremento de índices delictivos, situación que los llevó a reforzar la coordinación con el gobierno federal.
Posteriormente al finalizar el evento en que se festejó el 10 de mayo, Peña Nieto aceptó abiertamente que grupos criminales están asentados en el estado y que han desarrollado sus actividades en territorio mexiquense desde hace tiempo.
Los casos de los operativos en Huixquilucan y recientemente en Atizapán han dejado al descubierto que grupos de narcotraficantes están asentados en zonas residenciales del Estado de México.
El gobernador mencionó que se han asentado ante la posibilidad de permanecer en el anonimato y que los narcos “no han dejado de estar, han estado ahí tiempo atrás”.
Sin embargo para el diputado local Carlos Iriarte Mercado el asentamiento de grupos delictivos en zonas residenciales mexiquenses son meras especulaciones, ya que operativos como el de Atizapán no son la excepción y se están llevando a cabo en todo el país.
Y parece que esta dinámica de inclusión abarca también a las ejecuciones perpetradas por el crimen organizado, ya que el comisionado de la ASE David Garay manifestó que “no podemos estar ajenos de lo que ocurre en el país y no podemos sustraernos a la ola de violencia que azota a la nación”.
Y es que de acuerdo con un análisis hecho por el periódico Reforma, las ejecuciones se incrementaron en 50% en los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2009. La suma de ejecutados ascendía en los primeros días de mayo de este año a 204 víctimas.
Navarrete Prida se cura en salud
Por su parte el ex procurador del Estado de México Alfonso Navarrete Prida ha mencionado que los grupos delictivos han crecido por la ineficiente actuación de los gobiernos panistas que han permitido la proliferación de los mismos y han sido omisos en el combate al narcomenudeo.
Sin embargo, el actual diputado federal priista reconoció que la presencia de la delincuencia organizada en el Estado no es un fenómeno nuevo, que incluso cuando el fungió como procurador de la entidad estos grupos ya se encontraban asentados en el territorio mexiquense.
Constantes cambios en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
Aunado a este panorama tan conflictivo cabe destacar que, durante el gobierno de Enrique Peña, no han sido pocos ni menores los cambios de titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la Agencia de Seguridad Estatal.
Han desfilado por la instancia encargada de la procuración de justicia tres titulares y se han registrado cuatro cambios en la Agencia de Seguridad Estatal.
Han estado al frente de la dependencia ministerial Alfonso Navarrete Prida, actualmente diputado federal; Abel Villicaña Estrada, director de la escuela judicial y Alberto Bazbaz Sacal procurador en funciones desde marzo de 2008 y quien actualmente se encuentra ante su inminente salida de la Procuraduría tras los graves errores en el caso de la pequeña Paulette y el retiro del voto de confianza que le dio la oposición para ser nombrado procurador mexiquense.
Por su parte la ASE ha tenido como titulares a Wilfrido Robledo Madrid, quien fue destituido después del enfrentamiento entre cuerpos policiacos y ejidatarios de San Salvador Atenco; Héctor Jiménez Baca, quien actualmente es rector del Tecnológico de San Felipe del Progreso; Germán Garcíamoreno Ávila y David Garay quien es el actual comisionado de la agencia y ocupa el cargo desde el mes de abril de 2009.
Mientras la ola de violencia crece, van y vienen funcionarios de las áreas encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, los actores políticos no se ponen de acuerdo en si hay o no presencia del crimen organizado.
Mientras discuten quién es responsable por las condiciones de inseguridad en que nos encontramos, el Consejo Coordinador de Seguridad Pública sigue sin sesionar. De acuerdo con la información disponible, desde mayo del año pasado no ha existido otra sesión de este organismo. Será porque lo urgente no deja tiempo para lo importante.
Seguridad para quien puede pagarla
La inseguridad que azota al país y al Estado de México no es una mera percepción es real.
Basta con ver como algunos políticos y empresarios han contratado e incluso incrementado el personal destinado a salvaguardar su integridad física y patrimonial.
Por ejemplo, el gobernador Enrique Peña asiste a eventos públicos con un aparatoso cuerpo de seguridad integrado por más de 20 custodios, además del despliegue de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal que en cada traslado y aparición pública del gobernador, realizan operativos para vigilar y controlar los accesos a los eventos a los que asiste el mandatario.
En cambio, los diputados prescinden de este tipo de servicios y prefieren invertir el fondo de recursos que tienen asignado en la contratación de asesores y auxiliares. Sólo el priista Ernesto Nemer Álvarez y Francisco Funtanet Mange diputado del PVEM, utilizan servicios de guardia y protección, este último tiene personal de seguridad desde que fungió como secretario del gabinete estatal.
De acuerdo con información dada a conocer por la ASE los 125 presidentes municipales del estado no tienen elementos asignados para su protección, estas funciones las llevan a cabo las direcciones de seguridad pública de cada uno de los ayuntamientos.
Y sí. Es notorio ver los aparatosos grupos de seguridad pública de la ASE o de policías municipales cuidando funcionarios, incluso mientras departen felices en restaurantes.
En casos específicos de diputados priistas mexiquenses incluso tienen asignaciones de personal de seguridad a sus familiares y tienen carros asignados que fueron comprados con el llamado Fondo para la Seguridad Municipal.
Ante el incremento de delitos como extorsión telefónica, asaltos, robos y secuestros, así como el pago de protección, se ha incrementado también la demanda de servicios ofertados por empresas de seguridad privada por parte de los ciudadanos que han sido víctimas de algún delito o que buscan prevenir convertirse en víctimas y que pueden pagar estos servicios.
Contratan custodios para proteger su integridad física y la de su familia.
La tranquilidad que proporciona la seguridad es sólo para quién puede pagarla o para quién tiene acceso a ella producto de las características de su trabajo. El estado ha fallado en su función más importante, la que le da origen y fundamento, que es proteger y salvaguardar a sus ciudadanos.
